Galleta Tuerta
Espacio personal

Lingüista Virginia Zavala en El Dominical de hoy

ESPECIAL

Derecho a la diferencia

Una reflexión a partir del decreto de la nota 14. Impedir que los postulantes ingresen a los institutos superiores pedagógicos si no obtienen 14 como nota mínima es una cara más de la discriminación hacia los pueblos indígenas de nuestro país. Se requiere con urgencia una política educativa que respete la diversidad cultural y lingüística en la búsqueda de la equidad antes que la estandarización.

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Por Virginia Zavala*

Los niños y niñas de muchos pueblos indígenas no solo reciben una educación en condiciones muy deterioradas sino que además están condenados a tener maestros foráneos que no hablan su lengua y que son completamente ajenos a su contexto cultural. Los niños del pueblo Urarina, por ejemplo, no tienen ni un solo maestro formado en educación intercultural bilingüe capaz de convertirlos en ciudadanos desde su propia lengua y cultura. Y lo más dramático es que nunca lo tendrán si es que no se hace algo en torno a un dictamen propuesto por la gestión educativa del actual gobierno.

En enero del 2007 el gobierno de Alan García emitió el Decreto Supremo N°006-2007-ED, según el cual todos los postulantes a los institutos superiores pedagógicos (ISP) deberían aprobar un examen con nota 14 como mínimo para ser admitidos y poder formarse como profesores. Desde entonces, no ha ingresado ni un solo postulante a ninguno de los quince ISP que ofrecen la especialidad de educación intercultural bilingüe en todo el país. ¿Por qué los postulantes provenientes de pueblos indígenas son los que parecen tener menos posibilidades de pasar la prueba de admisión a los ISP? Quizás para algunos la respuesta estaría en características supuestamente intrínsecas de estas poblaciones, que podrían referirse a sus capacidades intelectuales. Quizás para otros la explicación radicaría en aspectos de orden más actitudinal, como cuando se alude a “maestros ociosos” que no se esfuerzan por rendir bien en la prueba. Pero en realidad ni una ni otra explicación tiene sentido. Lo que aquí quiero sostener es que el desempeño de estos estudiantes en las pruebas de ingreso a los ISP responde, más bien, a una situación que el propio sistema educativo ha creado y que ahora –de manera incomprensible– la gestión actual no quiere reconocer.

El hecho de que los postulantes de los pueblos indígenas sean los que tienen menos posibilidades para ingresar a los ISP se puede explicar a partir de dos puntos. En primer lugar, sabemos que esta realidad revela las condiciones del servicio educativo que el mismo Estado ha provocado pues la educación que se imparte en las zonas de población indígena es de bajísima calidad y no prepara a los estudiantes para que se desempeñen con éxito en los exámenes de admisión a los ISP.

En segundo lugar, esta realidad demuestra que el sistema educativo nunca es “neutral” y que las personas que han aprendido como primera lengua una lengua indígena y que han sido socializadas en matrices culturales que difieren de la mirada occidental, tienen que hacer mayores esfuerzos para desarrollar las habilidades supuestamente universales que subyacen a una prueba estandarizada como la que deben rendir para ingresar a los ISP. Estos dos puntos explican por qué –en el mejor de los casos– un estudiante de población indígena tendría que prepararse académicamente durante dos años, como mínimo, si es que quiere pasar el mencionado examen. Este es, a todas luces, un examen que se ha elaborado pensando en un estudiante que tiene al castellano como primera lengua, que ha sido socializado en una matriz cultural occidental y que ha estudiado en una buena secundaria. Se trata, entonces, de formas injustas de evaluación que reflejan un sistema educativo antidemocrático y que además no logran medir otras dimensiones de lo que implicaría ser un buen maestro para contextos de población indígena.

La nota 14 no constituye una manera de solucionar la baja calidad de la educación peruana sino que, más bien, nos entrampa en un círculo vicioso y en una herencia colonial de larga data. Se necesita partir de nuestra realidad y buscar estrategias institucionalizadas que permitan a los estudiantes superar las condiciones académicas en las que inician sus estudios. Así, por ejemplo, implantar una nota de suficiencia académica al finalizar los cinco años de estudios tiene mucho más sentido que no permitir el ingreso a partir de un examen de admisión como el que funciona actualmente. Es urgente pensar en una política de equidad que implique un tratamiento diferenciado en función del reconocimiento de la diferencia y en unos criterios de calidad que tomen en cuenta aspectos culturales y lingüísticos. En lugar de tratar a todos los estudiantes por igual porque “no habrá corona para nadie”, urgen políticas de atención focalizada que puedan atender la problemática educativa de los niños y niñas indígenas.

El decreto de la nota 14 choca con lo señalado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, el Convenio 169 de la OIT, la Constitución del Perú y la Ley General de Educación, respecto del derecho de los pueblos indígenas a ser educados en sus propias lenguas. Esto es, sin duda, muy grave. Pero es preocupante también que el Ministerio de Educación no plantee su respuesta a la problemática a partir de sus causas y demuestre –una vez más– tener una noción de calidad y equidad que no respeta la diferencia (asunto que, por cierto, ya ha sido superado en otros países).

Es interesante constatar, además, que este decreto no representa una acción aislada sino que se enmarca en una tendencia de la gestión del actual gobierno hacia la estandarización de la educación (la reducción de la otrora Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural es otro ejemplo de ello). Esta tendencia se enmarca, a su vez, en una visión política que atenta contra la diversidad cultural y que parece querer imponer, de manera muy ortodoxa, una sola –y ciertamente desfasada– visión del desarrollo. Mientras que en el contexto de la globalización los países desarrollados defienden sus identidades locales, mantienen sus lenguas y apuestan por el cosmopolitismo (España, por ejemplo), en el Perú este discurso, asumido de una manera pasiva, repercute en el campo cultural donde se acepta el mandato occidentalizador sin dialogar, negociar ni imponer condiciones locales. Es una vergüenza constatar cómo se vende la “marca Perú” en el exterior y cómo el presidente y la ministra de Turismo se alegran de que Machu Picchu sea considerado una de las maravillas del mundo cuando, por otro lado, se impide que los peruanos sigan formándose y hablando sus lenguas vernáculas y cuando la política educativa de este gobierno termina siendo cómplice del más tradicional genocidio cultural.

[*] Profesora de Lingüística, Pontificia Universidad Católica del Perú.

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